Generación de valor social y ambiental desde la coherencia de las políticas públicas.
El creciente debate en referencia a la insostenibilidad social y medioambiental de los actuales patrones de crecimiento, está dando lugar a una paulatina modificación de las responsabilidades tradicionalmente asumidas tanto por autoridades gubernamentales como por el sector privado en torno al desarrollo sostenible. La Unión Europea, avanzada en cuando al desarrollo político de la sostenibilidad, no ha sido ajena a dicho debate y ha ido progresivamente asumiendo que, en el largo plazo, la consecución de los objetivos estratégicos de la misma sólo podrá alcanzarse en un contexto de coherencia y coordinación de actuaciones en materia socioeconómica y medioambiental. Así, los objetivos básicos que subyacen tras la creación de la CEE y de la UE reflejados en los correspondientes Tratados Constitutivos, ya incorporan aspectos económicos, sociales y medioambientales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la Naciones Unidas en 2015 y reflejados en la Agenda 2030, han supuesto un punto de inflexión en la naturaleza de las iniciativas públicas de carácter social y ambiental existentes. Ya sea en el ámbito de la Unión Europea, del Estado Español, de sus Comunidades Autónomas o incluso en el caso de numerosos Ayuntamientos, es frecuente vincular de forma explícita la relación de diferentes iniciativas con su potencial contribución a alcanzar ODS. Este hecho va indisolublemente ligado a la promoción pública de un desarrollo más sostenible en un doble sentido, mediante una gestión más sostenible de organismos y sociedades públicas como organizaciones, y mediante la regulación y/o promoción de la gestión de impactos sociales y ambientales de los diferentes actores de mercado.
Las actuaciones de administraciones públicas, empresas, consumidores y resto de sociedad civil se interrelacionan de forma sinérgica, ofreciendo oportunidades para multiplicar el impacto positivo de la política impulsada. Los gobiernos tienen la capacidad de influir en la consecución de los objetivos de sostenibilidad más allá de las políticas de intervención directamente relacionadas, mediante mecanismos que actúen a modo de motores aceleradores que pueden ser de muy diversa naturaleza en función de la problemática del territorio.
En este contexto, la rendición de cuentas o accountability, conlleva medir y comunicar cómo los diferentes actores están contribuyendo a alcanzar un desarrollo más sostenible mediante el cumplimiento con los ODS. Es fundamental que los agentes sociales puedan tener información acerca de sus impactos sociales y ambientales como consecuencia de sus actividades, de forma que puedan tomar decisiones más conscientes y mejor fundamentadas
Así, organismos públicos de ámbito internacional y nacional están desarrollando baterías de indicadores ligados a los propios indicadores y metas definidos por los ODS de utilidad para los organismos públicos nacionales e internacionales (mencionaremos, a modo de ejemplo, la base de datos publicada por la UN Statistics Division relativa a indicadores SDG, la serie de indicadores ODS elaborada por Eurostat, la batería de “Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” diseñada por el INE, o el marco de resultados propuesto por la OCDE en su publicación de 2018 “Development co-operation results for the 2030 Agenda”). Gestionar requiere la existencia de una adecuada monitorización, y para monitorizar es necesario definir indicadores relevantes y cuantificarlos.
En definitiva, una efectiva implementación de la Agenda 2030 conlleva la generación de valor para la sociedad presente y futura que debe ser entendida en toda su amplitud, es decir, no sólo económico sino también social y medioambiental. Para ello es imprescindible la coherencia de la actuación pública en un contexto de sostenibilidad, pero también el desarrollo de mecanismos de colaboración pública y privada, con empresas y sociedad civil, que permita cumplir con los ODS definidos de forma eficaz, coherente, eficiente e integradora. En este contexto, la implicación y coordinación entre las administraciones públicas en sus diferentes niveles de gobierno y en sus diferentes ámbitos (áreas temáticas) debe ser referente y eje vertebrador de dichas actuaciones, como actores de una misma cadena de suministro de un hipotético bien, el bien común que representa el desarrollo sostenible.
